El Patíbulo
José
Salguero Duarte
Lunes,
3 de junio de 2013
Los chorizos de la política española
de cuna baja y cama alta, han provocado que en las últimas encuestas, saliera
que a la población le preocupe más las corruptelas políticas que el terrorismo.
Ocupando esta preocupación el segundo
lugar después del desempleo. Y, según fue publicado, se ha podido mover más
dinero negro en la corrupción que en la droga.
Varias muestras, de lo último
anterior, lo pueden avalar los
diferentes presuntos mangoneos de guante blanco llevados a cabo en la política
corrupta española, como pueden ser los casos: Gürtel, Ere de Andalucía,
Campeón, ITV de la familia Puyol en Cataluña, Nóos de Iñaki Urdangarín, esposo
de la infanta Cristina; Pokémon, Palma Arena, Bárcenas y la presunta
financiación ilegal del PP, etc.
No pudiéndome olvidar, de los casos de
Bankia y Novagalicia por la indignidad, miseria y tiranía de aquellos banqueros
y sus empleados, los que sin escrúpulo alguno con las preferentes… se han
quedado presuntamente con los ahorros de toda una vida de esfuerzos y
sacrificios realizados por personas
mayores.
No imaginándose, lo desacreditados que
están los implicados en los presuntos casos citados. Estando el pueblo al borde
de un ataque de rebelión colectiva, hasta el punto, que hace días un conocido
me dijo: “Se debería hacer un referéndum, para que se pudiera juzgar en las
plazas principales de los pueblos y ciudades a los rateros de la política y de la banca... Y
los que resulten culpables, se les azotará
periódica y públicamente hasta que
devuelvan todo lo robado, como hacía el Tribunal de la Inquisición ".
Tampoco es eso, le dije, porque
estamos en un estado democrático, en donde no se puede tirar a nadie al pilón por las bravas ni apedrearlo.
Pero mucho menos ahorcarlo como hizo el tirano Bush con Sadam Hussein, porque
el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Inmediatamente, mi interlocutor, me contestó: “Los juzgados
están saturados y hay que echarles una manita a los jueces. Por lo que, se debe constituir un consejo de
ancianos del pueblo payo con cinco miembros y otro de patriarcas del pueblo
gitano. En caso de empate el voto del miembro del consejo de más edad será el que decida si es el reo
culpable o inocente. Un cronista independiente, levantará acta anotando
correctamente el veredicto en los libros oficiales. Pero deberá ser cuidadoso
para no errar al colocar la coma, porque no es lo mismo escribir -culpable no,
inocente-, que, -culpable, no inocente-".
Una semana antes de celebrarse un
juicio, se instalará frente al Casino de Algeciras, una casetilla de madera
similar a la que colocan para vender las sillas para las carrozas de feria o,
el de la venta de entradas para las corridas de toros. En donde un empleado
municipal, no enchufado por los
partidos, anotará a los ciudadanos que deseen ejercer
voluntariamente de verdugos”.
Además, proseguía, “se podrán donar
correas y cinturones con doble grosor de piel de rata, de camellos o de hienas
y perros rabiosos con hebillas de acero. También se admitirán látigos de domadores de leones, así como, varas de acebuches,
vergajos confeccionados con pichas de toros bravos y de berracos. Los artilugios recibidos se clasificarán por
categorías y serán expuestos en vitrinas con cristales blindados, siendo
protegidos por un escuadrón de la Guardia
Real
¡Uf!, exclamé, ¡qué bruto eres!,
porque el patíbulo estará permanentemente instalado debido a tantas corruptelas
existentes. Me imagino, al pueblo rugir con el dedo hacia abajo lo mismo que en
los circos romanos. Y los posteriores azotes a los rateros, cómplices y
encubridores, porque se irían de varillas por las trancas.
Pero como estoy en contra de toda
clase de violencia, le dije, los dejaba a ellos, a su familia y a sus
testaferros, en la más ruin de las
pobrezas. Y después los pondría a construir cárceles para encerrarlos y a
realizar trabajos sociales, como quiere imponer el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid con
los parados.
